El Ejecutivo nacional dio un giro en su política sobre productos de nicotina al derogar la prohibición vigente y avanzar con una regulación integral que abarca vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La iniciativa busca formalizar un mercado que hasta ahora funcionaba en gran parte fuera del marco legal.

La medida fue oficializada mediante la resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, e incorpora por primera vez un sistema de control, registro y trazabilidad para estos productos. De esta forma, el Estado podrá supervisar su producción y comercialización bajo normas claras.

Hasta ahora, la venta de vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina estaba prohibida en Argentina, lo que provocó un crecimiento exponencial del circuito informal sin controles sanitarios ni fiscales. Este contexto favoreció la proliferación del contrabando y la falta de estándares de calidad.

Con el nuevo esquema, el Estado abandona la prohibición para adoptar un modelo regulatorio y fiscalizador. Según fuentes oficiales, la normativa apunta a desmontar el negocio ilegal que dominaba el mercado y garantizar que los productos cumplan con requisitos sanitarios y tributarios.

La regulación establece que ningún producto podrá comercializarse sin un registro previo. Además, los fabricantes deberán informar la composición, cumplir con estándares estrictos y respetar límites específicos en sus componentes.

Un aspecto destacado es la prohibición de los saborizantes en los vapeadores, medida orientada a desalentar el inicio del consumo en adolescentes y responder a preocupaciones sanitarias.

Con estas disposiciones, el Gobierno pretende fortalecer los controles estatales y mejorar la supervisión sobre un segmento que hasta ahora se encontraba fuera del alcance regulatorio.