El fiscal de la ciudad de Monte Quemado, Santiago Bridoux, brindó nuevos detalles este lunes de uno de los casos que mantiene en vilo a la provincia de Santiago del Estero: el de una niña de 12 años que fue abusada sexualmente, quedó embarazada y desapareció junto a su madre por varios días, hasta que la justicia pudo determinar que se encontraba internada en la Clínica Santa María de la localidad bonaerense de Villa Ballester. 
Respecto a los sospechosos del abuso sexual de la niña, el fiscal aseguró que pidieron la orden de detención, captura nacional e internacional, porque ya llevan más de un mes sin poder dar con su paradero.
De todas maneras, todavía no se sabe si allí la niña fue sometida a una Interrupción Legal del Embarazo -en un allanamiento a la clínica se hallaron al menos ocho fetos humanos- o si tuvo un parto y el bebé fue sustraído en un caso de trata de personas.

Cómo se detectó el abuso
Hace aproximadamente dos meses, explicó Bridoux, a cargo de la causa por abuso sexual, la niña y su madre fueron a un centro de salud de Monte Quemado, donde los médicos descubrieron que la pequeña estaba embarazada. Al enterarse del diagnóstico y de que su hija había sido víctima de una violación, la mujer se dirigió a la fiscalía a realizar una denuncia.

En el marco de esa investigación, “se hizo la Cámara Gesell, se logró individualizar a dos personas que habrían sido autores materiales de este hecho y, por otro lado, se activó el protocolo sanitario” correspondiente. La pequeña fue derivada a un Hospital de la ciudad de Lavanda, “donde tienen un centro asistencial de salud que puede atender estos casos”, informó el fiscal en diálogo con TN.

Mientras la justicia aguardaba la confirmación respecto a “si se iba a hacer una interrupción legal del embarazo o bien se iba a esperar el parto, dado que tenía fecha para el mes de mayo”, la pequeña y su madre desaparecieron. “El martes 21 de abril recibimos un mensaje del grupo interdisciplinario del Hospital de la ciudad de Lavanda que nos avisa que había tomado conocimiento de que la menor se iba a practicar un aborto pero no sabían ni dónde, ni cuándo, ni quién iba a realizar la práctica”, indicó el fiscal.

En ese contexto, siguió el funcionario judicial, “nosotros activamos un protocolo porque no podíamos comunicarnos con el teléfono que había dejado la mamá, no contestaba las llamadas”. Luego de cuatro días, los investigadores lograron determinar que estaban en Buenos Aires y que alguien “les había pagado el boleto, la estadía, y la intervención no les iba a costar absolutamente nada". Si bien aclaró que aún es materia de investigación, Bridoux apuntó contra “organizaciones que estarían trabajando en ese sentido”.

Las hipótesis de los investigadores
La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que intervino por jurisdicción, labró dos hipótesis: que la menor podía haber sido trasladada allí para realizarse un aborto (ILE) o que existía riesgo de apropiación ilegal del bebé por nacer. Lo cierto es que el feto (o bebé) desapareció, lo que dificulta la tarea de Bridoux para condenar a los culpables del delito de abuso sexual.

“Hemos pedido la orden de detención, captura nacional e internacional (de los sospechosos de abuso sexual), porque ya llevamos más de un mes sin poder dar con el paradero de ellos. Están prófugos“, señaló el fiscal, que lamentó que a la niña la hayan sacado de su jurisdicción y se haya perdido una prueba genética tan importante como el feto o el bebé.

Respecto a la organización que estaría detrás de la sustracción del feto o el bebé, el fiscal dijo que “aparecieron teléfonos con característica de Córdoba que se comunicaban con la mamá“ y que no se descarta “la hipótesis de que hayan sido los mismos imputados que se encuentran prófugos que de alguna manera hayan generado este contacto a los efectos de sustraer esa evidencia que era determinante” para la causa.

Además, “aparecen factores que hacen pensar que se trata de un caso de trata de personas”, dijo Bridoux, y mencionó como ejemplo “la reticencia a la información (por parte de la madre)” y el hecho de “haberla sacado sin informar a los intervinientes que estaban en el control, seguimiento y contención” de la niña. “De pronto estaban en una extraña jurisdicción, sin velar por la evidencia necesaria al saber que están en el marco de una investigación de abuso, por eso es legal el aborto, entones son elementos que han llamado la atención”, agregó el fiscal, aunque dijo que la hipótesis de trata no está confirmada y que él no sería competente en esa investigación.

En cuanto a la otra hipótesis, que analiza una posible ILE, el fiscal explicó que se evaluarán los fetos hallados en la Clínica de Santa María para ver si alguno corresponde con el que llevaba en su vientre la niña, y en ese caso cotejarlo con el ADN de los sospechosos del abuso sexual. “Se mandará una Comisión del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero a los efectos de poder hacernos de esa evidencia. (...) La dificultad es que son 8 (fetos)”, observó Bridoux.

Mientras avanza la investigación, la menor ya está de regreso en su casa, junto a su madre, y se encuentra “bien de salud, aunque un poco asustada” por todo lo ocurrido.

Lo que encontraron en la clínica Santa María
Este lunes, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que realizó un procedimiento de fiscalización en la Clínica Santa María para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad del establecimiento.

Durante el operativo, “se registraron infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a las que se les otorgó un plazo para su resolución, tal como indica la normativa", señaló la cartera, al aclarar que “de ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”.

Además, respecto a los fetos encontrados en el allanamiento ordenado días atrás por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, se constató que "todos los residuos derivados de los procedimientos se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud".

En un comunicado, el Ministerio recordó que “según la Ley 27.610, hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" y que “a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —por causales de salud, riesgo de vida o violación—, sin límite de edad gestacional".