La administración del intendente de Malargüe, Celso Jaque, atraviesa semanas de marcada turbulencia política e institucional. En un contexto económico delicado, la gestión municipal quedó envuelta en dos episodios de alto impacto público: el corte total del suministro eléctrico en dependencias comunales por presunta acumulación de deuda con la empresa prestataria del servicio y una denuncia por el nombramiento de su yerno en un cargo jerárquico dentro del municipio. Ambos hechos golpean de lleno la imagen del jefe comunal y reabren el debate sobre prioridades, transparencia y manejo de los recursos públicos.

El episodio energético generó profundo malestar entre vecinos y trabajadores municipales. La interrupción del servicio en áreas sensibles del municipio no solo expuso desorganización administrativa, sino también una preocupante fragilidad financiera.

 Distintas fuentes locales sostienen que la falta de pago a la distribuidora eléctrica derivó en la medida extrema, dejando al descubierto una gestión incapaz de prever obligaciones básicas del funcionamiento estatal. Más grave aún sería que, según versiones surgidas del propio ámbito comunal, el corte haya sido fomentado como una maniobra política destinada a instalar el relato de una municipalidad quebrada y sin recursos.

Si esa hipótesis resultara cierta, el costo institucional sería aún mayor. Utilizar la parálisis del Estado para construir un mensaje político representaría una práctica irresponsable, especialmente cuando la ciudadanía exige soluciones concretas y no escenificaciones de crisis. El argumento de la escasez de fondos, además, colisiona con recientes decisiones presupuestarias vinculadas a la compra de unidades y erogaciones millonarias que la propia administración defendió como necesarias. 

La contradicción es evidente: mientras se alega falta de dinero para sostener servicios esenciales, sí aparecen recursos para otros gastos de alto impacto.

A la par de este conflicto, otro frente se abrió con la denuncia impulsada por la concejal Silvina Camiolo, quien cuestionó el nombramiento del yerno del intendente en una categoría 10, una de las más relevantes dentro del escalafón municipal.

 Según lo expuesto públicamente, la designación se concretó mediante decreto firmado por el propio Jaque, lo que encendió alarmas por un posible caso de nepotismo. La presentación fue canalizada desde el  Bloque Reconstruyendo Malargüe ante el Concejo Deliberante para que se investigue la legalidad del acto administrativo.

El eje de la denuncia se vincula con la vigencia de la Ley de Ética Pública de Mendoza y las normas que restringen la designación de familiares directos o vinculados por parentesco en la estructura estatal.

 Aunque la discusión jurídica  deberá resolverse en los ámbitos correspondientes, el cuestionamiento político ya está instalado: en tiempos de ajuste, despidos y reclamos salariales, privilegiar a allegados familiares resulta socialmente explosivo y éticamente reprochable. El mensaje hacia la ciudadanía es demoledor: para algunos hay recortes; para otros, ascensos y cargos.

El contraste se vuelve más áspero si se considera que semanas atrás la comuna avanzó con desvinculaciones de personal y reestructuraciones internas justificadas en la necesidad de ordenar cuentas públicas. En ese escenario, la incorporación de un familiar en un puesto jerárquico alimenta la percepción de discrecionalidad, doble vara y uso patrimonial del Estado. La administración municipal debería explicar con precisión cuáles fueron los criterios técnicos y antecedentes profesionales que motivaron esa designación.

En términos políticos, Jaque enfrenta una situación compleja. Cada uno de estos episodios, por separado, ya implicaría desgaste. Juntos configuran una narrativa de improvisación, privilegios y escasa sensibilidad institucional. La oposición encontró en estos hechos un flanco fértil para cuestionar la autoridad moral del intendente, mientras sectores independientes comienzan a expresar decepción por una gestión que prometía experiencia y orden.

Malargüe necesita hoy una conducción enfocada en resolver problemas reales: empleo, servicios, infraestructura y desarrollo productivo. 

En cambio, la agenda pública quedó dominada por cortes de luz, denuncias y sospechas. Cuando un gobierno pierde el control de lo esencial y simultáneamente queda bajo sospecha por beneficiar a su círculo íntimo, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser político. 

Celso Jaque deberá dar respuestas rápidas, claras y convincentes si pretende evitar que esta crisis se transforme en una marca permanente de su mandato.