Tras más de catorce meses de dilaciones y desacuerdos internos, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza logró finalmente resolver una de sus cuestiones institucionales más delicadas: la definición de la conducción del Consejo de la Magistratura provincial. La decisión pone fin a un período de incertidumbre que había impactado directamente en el normal funcionamiento del organismo.

En el marco de un acuerdo alcanzado durante una reunión plenaria, los ministros del máximo tribunal dispusieron que Julio Gómez asuma la presidencia del Consejo, cerrando así una etapa marcada por la falta de conducción que se extendía desde la salida de Teresa Day. La resolución implica un reordenamiento institucional esperado desde hace más de un año.

La designación se formalizó a través de una votación que concluyó con cinco votos afirmativos frente a dos en contra, evidenciando que, si bien se alcanzó una mayoría suficiente, subsisten diferencias entre los integrantes del tribunal. En ese contexto, el magistrado José Valerio manifestó disidencias parciales respecto de ciertos aspectos de la decisión, mientras que Mario Adaro optó por no emitir voto.

Como parte de la reorganización definida, también se resolvió que Norma Llatser, recientemente incorporada al cuerpo, ocupe el rol de suplente en la conducción del organismo. Este esquema busca dotar de mayor previsibilidad a la estructura del Consejo en una etapa que se presenta como clave para su funcionamiento.

La falta de consenso para designar autoridades se había originado tras la finalización del mandato de Day, quien presidió el Consejo desde 2022 hasta febrero de 2025. Desde entonces, las diferencias internas entre los ministros habían bloqueado cualquier definición, generando una prolongada situación de acefalía.

El nombramiento de Gómez, vinculado al sector de orientación peronista dentro de la Corte, no solo clausura un ciclo de tensiones internas, sino que inaugura un nuevo escenario institucional. El desafío inmediato será reactivar la dinámica del Consejo de la Magistratura, órgano central en la selección y control de jueces y fiscales, tras un período de más de un año signado por la inactividad.